LA AGRESIÓN AL PROFESIONAL MÉDICO Y SU POSIBLE CONSIDERACIÓN COMO ATENTADO.

Iº.- INTRODUCCIÓN.

Últimamente, y con no poca frecuencia, aparecen en los medios de información noticias relativas a agresiones verbales o físicas contra Profesionales de la Medicina y de la Enseñanza, efectuadas cuando ejercen las funciones propias de su oficio y por particulares a los que, directa o indirectamente, les prestan sus servicios. Existe, desde el punto de vista jurídico, un, ya demasiado, prolongado debate sobre si esas agresiones son simples delitos -o faltas- de lesiones o constituyen atentados contra la autoridad. En estas líneas vamos a tratar de definir adecuadamente los requisitos del delito de atentado a la autoridad y la posible configuración del profesional médico como funcionario constituido en autoridad; lo que daría como resultado que, judicialmente, estas agresiones fuesen calificadas como delitos de atentado y no de lesiones.

Sin embargo, debe de ser una adecuada política de educación cívica la que evite estas conductas ya que ni con sanciones más graves ni con legiones de Vigilantes de Seguridad, que ahora ocupan el acceso a los Centros Médicos, se podrá solventar un problema que, evidentemente, no nace de un desprestigio o deterioro de las labores médicas, sino de una anormal concepción de las relaciones que genera la de prestación de  los servicios públicos que se ha asentado en parte de la ciudadanía española; que confunden el hecho de que alguien les preste un servicio con la posibilidad de ser, ellos mismos, los que configuren el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué de dicho servicio y actúan violentamente ante alguna discrepancia, provocando, también, una alteración de la tranquilidad que se necesita en todo tratamiento médico.

IIº.- EL CONCEPTO DE ATENTADO.

El artículo 550 del Código Penal dice que “…son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas…”. El delito de atentado, muy diferente al de lesiones, ya que está integrado dentro del concepto de orden público (en su concepción de armónico desenvolvimiento de la vida social), y el bien jurídico que se aspira a proteger a través de esta figura delictiva es el Principio de Autoridad, a través de la cual se manifiesta la voluntad y la actividad del Estado. Mientras que el delito de lesiones se limita a proteger la integridad física.

Los requisitos necesarios para la existencia del delito de atentado a la autoridad son:

a) que el sujeto pasivo de la acción sea autoridad, agente de ella o funcionario público,

 b) que tales sujetos estén en el ejercicio de sus cargos o funciones o que la conducta analizada esté motivada en tal ejercicio,

c) que exista, como elemento subjetivo del injusto, un ánimo o propósito de ofender a los sujetos pasivos, con algún detrimento del Principio de Autoridad y

d) que la dinámica comisiva de los hechos se refleje en una de las cuatro modalidades recogidas en el Código Penal. Es decir que se requiere:

1º) un acometimiento,

2º) el empleo de fuerza,

3º) la intimidación grave o

4º) la resistencia también grave.

De todo lo anterior podemos definir que la más notoria, característica del delito de atentado es el de la configuración del sujeto pasivo que, inexorablemente será autoridad, agente de la autoridad o funcionario público. Pasemos a examinar estos conceptos.

IIIº.- LOS CONCEPTOS LEGALES DE AUTORIDAD, AGENTE DE LA AUTORIDAD Y FUNCIONARIO PÚBLICO.

IIIº. 1º. Concepto de Autoridad. En cuanto a quién será considerado como Autoridad, el artículo 24 del Código Penal dice que “…1. A los efectos penales se reputará autoridad al que por sí solo o como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En todo caso, tendrán la consideración de autoridad los miembros del Congreso de los Diputados, del Senado, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y del Parlamento Europeo. Se reputará también autoridad a los funcionarios del Ministerio Fiscal…”. Esta concepción normativa del concepto de Autoridad será la que, al final y como veremos, nos va a llevar al centro de la cuestión y aportar nuestra propia conclusión; repito, la configuración normativa y nunca fáctica del concepto de Autoridad.

IIIº. 2º. Concepto de Funcionario Público. El artículo 24.2 del Código Penal dice que “…se considerará funcionario público todo el que por disposición inmediata de la ley o por elección a por nombramiento de autoridad competente participe en el ejercicio de funciones públicas…”. El concepto de funcionario público resulta tan amplio que todas las Autoridades y sus agentes serán funcionarios públicos (pero no a la inversa, es decir, no todo funcionario público será autoridad). Sin embargo, en sentido estricto, Agente de la Autoridad será aquel Funcionario Público que sirve a la Autoridad mediante actos de índole ejecutiva por estar encargado de aplicar o hacer cumplir las disposiciones de ésta, siempre dentro del ejercicio de las funciones públicas.

IIIº. 3º. Concepto de Agente de la Autoridad. Como ya hemos adelantado, es aquel Funcionario Público que sirve a la Autoridad mediante actos de índole ejecutiva, es decir, que está encargado de aplicar, o hacer cumplir, las disposiciones de la Autoridad.

IVº.- EL CASO CONCRETO DE LOS PROFESIONALES MÉDICOS.

Recientemente el “Diario Médico” publicaba la siguiente noticia: “…El Juzgado de lo Penal número 3 de Valladolid ha absuelto a un paciente que agredió a un médico de Cruz Roja de un delito de atentado al considerar que trabaja para una institución privada y no tiene la condición de funcionario público…”.

Como un muy conocido antecedente inmediato recordemos que el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenó a los Fiscales bajo su dependencia cierto afianzamiento de la protección penal de médicos y maestros tipificando como atentado, con penas de hasta cuatro años cárcel, las agresiones a los profesionales de la sanidad y de la educación. Dicha Instrucción, de noviembre de 2006, no ha repercutido, apreciablemente, en algún cambio de la conducta ciudadana en relación a estos hechos y, tal vez, la misma pudiera ser un tanto imprudente y de dudosa legalidad. En efecto, todo Fiscal debe atenerse a la legalidad vigente, absteniéndose de manipulación alguna de la Ley y nunca deberá alargar los preceptos penales más allá de lo estrictamente previsto en los mismos. Si se busca otorgar una mayor protección al colectivo de profesionales sanitarios, la vía debe ser la de instar una modificación legal al respecto y no recurrir a argumentos, peligrosos en el ámbito penal, que son fácil frutote una concepción extensiva en la definición de las conductas punibles; con ello que genera una inseguridad jurídica que, a todos, a la larga, nos perjudicará. La Instrucción Fiscal referida explica que pretende "…proteger penalmente a los profesionales que, en el desempeño de su función pública, garantizan el acceso a los ciudadanos, al derecho la educación o a la salud". Se afirma que "las agresiones a estos profesionales significan,  la perturbación de la función pública que ejercen, cercenando con ello el mandato del artículo 10 de la Constitución y entorpeciendo el efectivo disfrute de los derechos consagrados en los artículos 27 y 43…”.

Y tampoco podemos olvidar que el tenor literal de la norma se refiere a “…autoridad, sus agentes o funcionarios públicos…” “…cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas…”, resulta así que, por ejemplo, esta directiva de la Fiscalía Catalana plantea dos muy importante problemas:

a)                                el caso de agresiones a quienes no son funcionarios, (médicos de la sanidad privada o profesores en colegios no públicos, por ejemplo) y

b)                               el caso de que la agresión se efectúe fuera del horario o del centro médico o escolar. 

La “Asociación de Defensor del Paciente”, en la mismas fechas de la mencionada Instrucción Fiscal Catalán, dirigió un escrito al Fiscal General del Estado en el que se decía, entre otras cosas: “… el Sr. José María Mena, en la que claramente amenaza a los pacientes de que cumplirán 4 años de cárcel en el caso de que haya una agresión o insulto a un médico, ya que se considerará atentado, tratando a todos como potenciales delincuentes… …Como puede comprender, esto lo único que provoca es violencia, y el paciente es un ser indefenso en el 99% de las ocasiones, siendo el maltratado y no al contrario… …Entendemos que no es ni la manera, ni el medio de "apaciguar" a un paciente que lleva esperando 7 horas en urgencias, que no le dan un informe, que no recibe información, que le niegan su historia clínica y un larguísimo etc… …Sr. Fiscal, todos somos pacientes, aunque no tengamos el privilegio de ser el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o cualquier otra autoridad…”.

Pero lo que, en definitiva, lo que sí que importa es que la situación de inseguridad jurídica y el aumento de las agresiones a profesionales médicos no se ha variado en base a criterios de la tan mencionada Instrucción Fiscal. Y así es por lo que nos encontramos -con lamentable habitualidad- la noticia que referíamos del “Diario Médico”. Sin embargo, resulta muy razonable sostener el criterio de que hace falta una medida que, efectivamente, ataje, en toda España (y no sólo en Catalunya, por ejemplo) la creciente inseguridad, incluso física, de todo profesional sanitario.

Por todos estos motivos surge una cuestión nueva ¿es posible crear una nueva figura delictiva para estos supuestos o hemos de conformarnos con una interpretación “forzada” de la normativa actual ya resulta suficiente?

IVº.- UNA ALTERATIVA RAZONABLE.

Frente al aventurado criterio de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, que sin explicación o motivación alguna, privaba de amparo y protección legal a los profesionales médicos de la Cruz Roja, por poner un ejemplo, se hace necesaria otra actuación más meditada, completa, inteligente y, sobre todo, mas eficaz.

Todos estamos sometidos al Imperio de la Ley pero, no lo olvidemos nunca, que el Imperio de la Ley está exclusivamente sometido al Imperio de la Razón. Por eso mismo, si la realidad de la convivencia ciudadana nos aporta elementos que indican la necesidad de modificar la Ley, no sólo es la reacción correcta, sino que deviene obligatoria. Tanto por la función que los mismos realizan, como las condiciones sociales actuales (vivimos inmersos en una “cultura de la queja”) hacen necesario un pronunciamiento, una modificación legal, del Parlamento Español que incluya dentro del Código Penal un nuevo tipo penal que castigue específicamente la coacción, la amenaza, la vejación, la injuria o la lesión al Profesional Médico cuando la misma tiene lugar por parte de alguno de los involucrados, directa o indirectamente, en su actividad profesional y, se sitúa con cierta relación a ella.

Es un asunto de la suficiente importancia y repercusión, para toda la ciudadanía, no sólo para el sector médico, que necesita de una reforma legal específica y no de simples “parches” de dudosa legalidad. Con ello se evitarán las frecuentes sentencias contradictorias, y a la vez de correcto razonamiento, que en la actualidad se producen; así como que el médico que actúa en la sanidad privada sea objeto un tratamiento comparativamente injusto, discriminatorio y huérfano de protección.

Desde estas breves líneas, y desde un punto de vista jurídico, solamente se pretende poner de relieve a los Colectivos y a las Autoridades Médicas, fundamentalmente el Consejo General de Colegios Médicos de España, con competencias en la materia, que es uno de sus inmediatos deberes, es el de instar al Poder Legislativo para que proceda a una reforma del Código Penal que proteja los intereses esenciales del médico; efectuar su labor con la necesaria tranquilidad, resultando que el ataque, sea del tipo que sea, a su labor profesional, pueda ser frenado mediante la coerción que efectuaría un “serio” castigo al que atente contra su integridad, física o moral, indebidamente.

Y una última reflexión, tal medida (extensible a los docentes) nunca se debe de hacer guiada en intereses corporativos o egoístas, sino pura y simplemente para asegurar que el común de los ciudadanos, la inmensa mayoría, seremos atendidos por un profesional médico que se sienta respaldado por la sociedad para la que trabaja y que efectúa su labor, para el beneficio de la ciudadanía, con la tranquilidad y el sosiego tan imprescindible para él como para el paciente.

Autor
D. RAMÓN MACIÁ GÓMEZ

Magistrado Jubilado

Publicado el 19-06-09

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